Periódico electrónico editado desde Comodoro Rivadavia, Chubut, Patagonia Argentina. Editor responsable: Roberto Otero
"Pionero en el periodismo electrónico de Comodoro Rivadavia, desde hace más de 15 años"
jueves, 25 de marzo de 2010

"No todo es vigilia la de los ojos abiertos" (Macedonio Fernández)

Resistir es vencer

24 de marzo de 1976

 

El genocidio argentino

La dictadura de 1976 completó y profundizó el esquema de persecución y exterminio que comenzara sistemáticamente con la Triple A, liderada por Lopez Rega.
Distribución de desaparecidos según profesión u ocupación

Obreros

30%

Estudiantes

21%

Empleados

17%

Profesionales

10,7%

Docentes

5,7%

Conscriptos y personal subalterno de las Fuerzas de seguridad

25%

Amas de casa

3,8%

Autónomos y varios

5%

Periodistas

1,6%

Actores y artistas

1,3%

Religiosos

0,3%

(Informe de la Conadep, Nunca Mas, Eudeba, 1984)

 

El antecedente del odio


Bombardeo de Plaza de Mayo, 16 de junio de 1955

Foto de Graciela Alberti, detenida-desaparecida, tomada por Víctor Melchor Basterra mientras se encontraba detenida en la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA). La foto es de dominio público y fue entregada por el autor a la justicia.

"Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror".  (24/03/76 - Rodolfo Walsh)

Una de las consecuencias más características del PRN fue la concentración de capital, la cual se estimuló a través de la estatización de la deuda privada, la implementación de las leyes de promoción industrial y la política de compras del Estado.
Los resultados de estas políticas fueron:

o Aumento de la especulación en detrimento de la produccióna
o Desindustrialización
o Deuda externa
o Concentración económica
o Institucionalización de la inflación
o Caída del salario real
o Deterioro de los servicios públicos
o Incremento en los niveles de pobreza

"Después de marzo de 1976 sólo dos diarios mantuvieron independencia de criterio: “Buenos Aires Herald”, publicado en inglés, dio amplio apoyo al régimen militar pero criticó los procedimientos violatorios de los derechos humanos; y La Opinión, fue inicialmente sancionado. Luego sobrevino la detención sin proceso de su director, Jacobo Timerman, quien finalmente fue liberado, pero privado de la ciudadanía argentina y expulsado."


Queda claro que el grupo más peligroso para los asesinos era el de obreros y estudiantes, que habían logrado una conjunción perfecta nacida en Córdoba y que resultó en El Cordobazo el 29 de mayo de 1969. Le costó la cabeza a "La Morsa" como se aludía al gral. Juan Carlos Onganía, ése que entró con carruaje y palafreneros uniformados al estilo del siglo XIX y que pretendía instalarse por más de 20 años en un sillón que no le pertenecía -ni a él ni a nadie, por más constitucional que haya sido la elección de quien se siente-. Pero el plan de exterminio y la traición a la Patria que asumieron esos del 66, los entregadores subsiguientes y los asesinos de 1976/83 había comenzado con el bombardeo a Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955 y los fusilamientos de 1956, con el asesinato del gral. Juan José Valle y otros tantos camaradas de éste y civiles. Así como al gral. Lonardi, a quien pusieron al frente de esa revolución tal vez como una ironía contra el derrocado Presidente constitucional, Juan Domingo Perón, por ser, aquel, un enemistado de larga data con éste, cuando ambos estuvieron a cargo de la "inteligencia militar" en Chile.

No es ninguna novedad que esas "200 familias" (originadas en contrabandistas, tratantes de personas y otras rémoras) tuvieron a los militares como sus "gendarmes" a sueldo (Potash), así como que la provincia de Buenos Aires y sus ganaderos (a los que defendía Moreno en el siglo XIX antes de que fuera asesinado), tuvieron y mantienen un profundo desprecio por el pueblo, lo popular, los "cabecitas negras". Las condiciones de esclavitud embozada en la que mantenían -y mantienen- a los peones de campo es sólo una brizna de lo que esa gente -cuyo origen, repetimos, es delincuencial en su inmensa mayoría y de aventureros excluidos del reino de España que llegaron al "nuevo mundo" con ansias de oro y riquezas-, se tradujo en exclusiones más sutiles pero igualmente agraviantes para la dignidad humana. Pero esto hubiera sido imposible de ejecutar sin la complicidad y sumisión de los sucesivos gobiernos que asumieron la administración de la cosa pública.

En este tono recordamos la "década infame" que genialmente describió en sus libros José Luis Torres (Los Perduelis, Algunas maneras de vender la Patria... ). El negociado de guantes blancos de Pinedo y la devaluación; el negociado de las carnes; la entrega de las comunicaciones; el rechazo al pago de impuestos para que el Estado pudiera avanzar en alguna política activa para el resto de sus ciudadanos; y un largo etcétera que, cuando las urnas decidieron decir "basta", apelaron al complot, la asonada y, hoy día y como queda evidente, a las acciones destituyentes comandadas, no ya por la SRA sino por la multinacionales que, representando a las 7 empresas que manejan todo el el mundo actual, pretenden recuperar privilegios de todo tipo, a costa del hambre y la marginación de la inmensa mayoría del pueblo argentino.

Ahora, un lacayo como Duhalde propone un referendum popular para "terminar con los juicios a los militares". Dos  errores graves que si no se los señala, quedan como válidos. El primero, que los juicios por actos de lesa humanidad no sólo no están bajo la órbita de la voluntad popular a través de las urnas sino que, además, son inextinguibles en su juzgamiento. Y, segundo, que todos estos que constan en los archivos que hemos colectado para este Día de la Memoria fueron militares sólo por andar disfrazados con sus uniformes, pero en la realidad fáctica fueron una banda de asesinos y ladrones que pisotearon la Constitución y las leyes, acometiendo actos de lesa humanidad a como diera lugar y para lograr la imposición del plan económico con el que se pretendió hincar a la Patria

Una propuesta como la de este reconocido traidor es, también, destituyente o, para sumarnos a lo contextual, subversiva.

Roberto Otero

 

CASA ROSADA

Cristina Fernández encabezó el acto por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia

miércoles, 24 de marzo de 2010

La presidenta Cristina Fernández encabezó el acto que conmemoró el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia al cumplirse 34 años del golpe de Estado llevado a cabo por la junta militar en 1976.

Allí, la Jefa de Estado agradeció "en nombre de todos los argentinos" y de "la condición humana" a todos los que lucharon en estos años por llegar a la verdad y la justicia, al tiempo que destacó "la esperanza, la alegría y el amor" demostrado por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en su labor humanitaria. "No nos ha movido el odio y la destrucción, nos ha movido el amor y la construcción permanente", y por eso "pudimos sobreponernos a todo lo que sucedió", festejó la Mandataria.

El Intendente resaltó el valor de la democracia para lograr el objetivo de la Justicia Social.

Buzzi: "Sólo en democracia creceremos como sociedad y como país"

El Jefe de Gobierno de Comodoro Rivadavia se refirió al sentido de la recordación del 24 de marzo, resaltando “el valor de la democracia y la plena vigencia de los derechos fundamentales de las personas”. Buzzi señaló que “es una fecha que nos recuerda un hecho triste, el más violento golpe de Estado que sufrió nuestro país hace 34 años. Cada 24 de marzo también debemos recordar que la democracia es el único marco posible para fortalecer el pleno ejercicio de los derechos sociales, económicos, culturales, políticos, que también tienen que ser comprendidos como derechos humanos de las personas”.

 

LOS CÓMPLICES

Todavía hay sangre que reclama, en el mar, los ríos, en la tierra...

Quebrados y temerosos, aterrorizados y medrosos, ciudadanos de a pie que no sabían pero intuían, bombardeados por la campaña de acción psicológica de los medios de prensa (cómplices) que completaban la contundencia de los raptos y desapariciones, de los botines de guerra y, sumado a ello, las "declaraciones" de jefes de unidades militares, zonas, áreas, campos de concentración clandestinos, fueron sacudidos y vejados por el terror que esa pinza de tinta y sangre les inyectaba cada día.

Pero estuvieron los otros, los que se beneficiaron grandemente con las medidas económicas que el jefe real de aquella ignominia que vivimos a partir de 1976 -José Alfredo Martínez de Hoz-, impuso a través de las bayonetas que escribieron "leyes" sin Congreso.

Tan grande es el horror y tan profundo el dolor que como sobrevivientes de aquella infamia vivimos, que se nos hace no ya inexplicable sino demencial que, hoy día, emerjan voces pidiendo la vuelta de hoja, el olvido y, sin mencionarlo, el perdón.

Para esos sujetos es lo mismo Videla que Milstein o Masera que el Cachafaz, porque detrás de esas bofetadas verbales para la mayoría de los argentinos, se emboza la ambición de llegar al más alto cargo político que otorga la República y su Constitución. Traficantes de todo, empezando por la de la cacareada pertenencia a una ideología que, en los hechos, les sirvió para acrecentar sus fortunas.

Y los otros, además de industriales y dueños de medios de prensa, ganaderos coludidos que, en la privacidad de las bibliotecas de sobremesa, entre puros y scotch, alaban a los asesinos del '76 a quienes, a un año del golpe de Estado, aplaudieron mediante una solicitada publicada en La Nación.

¿Qué se puede esperar de un pueblo que se deja envolver por la protocolaridad social mientras es avasallado por quienes, en primera persona o por consanguinidad supérstite, fueron cómplices necesarios de aquel genocidio? ¿O es que a 34 años de esa hijoputez, todavía hay quienes se atemoricen por la presencia de un vetusto entorchado, que babea al hablar en defensa de los crímenes de lesa humanidad que supo ejecutar y ocultar, junto a otros asesinos de la gran banda armada?

Hoy es el Dia de la Memoria, claro que sí. Pero debería ser, además, de luto nacional; el Día de la Memoria Activa. Es justa y republicana la consigna: "Ni olvido ni perdón: justicia". Esto es lo que queremos.

34 AÑOS

Más pasa el tiempo, más horrendo es el crimen

Tal vez por la velocidad inercial que traíamos desde el '83, después de la dictadura del '76 -propiciadora y facilitadora del golpe de Estado económico, comandados, ambos, por José Alfredo Martínez de Hoz-, nos asombramos con el horror en el corazón cuando se descubrieron más campos de tortura clandestinos, más desaparecidos identificados, más de todo... Pero a 34 años de aquel 24 de marzo, cuando la traición del Chino Balbín y otros tantos coludidos -inútilmente reunidos, días antes, en la confitería del hotel Castelar de Buenos Aires-, operación política que permitió la muerte de la política y con esta defunción, el encadenamiento de la República a las botas que cambiaron bosta por sangre de conciudadanos, a la distancia se hace más honda y profunda la herida abierta durante esos negros años de muerte a domicilio. Si la desaparición, tortura, asesinato, fue el método aplicado con la precisión que daban los asesores yanquis y argelinos y que obedecían con vocación sádica los militares encapuchados, más horrenda es aún la desaparición de la identidad. La apropiación de bebés nacidos en mazmorras inmundas, entregados a cómplices del genocidio y a los favorecedores del mismo, es, tal vez, mucho más grave aún. Pretensión de arrancar la herencia genética mediante la supresión de la historia de cada uno de esos recién nacidos, sólo posible de imaginar en la mente obtusa y sumisa de entorchados prepotentes que gritaban en cuarteles y violaban a las desaparecidas aún no asesinadas, mientras se sometían a las mandas del Consenso de Washington y, también, a sus propias esposas, tan cómplices, éstas, como el colchón de "civiles" que conformaron la pantalla formal de una inmundicia.

Muestra de fotografía y proyección de documental “Un Claro día de Justicia” en conmemoración del Día de la Memoria por la verdad y la justicia

Almirón: “Debemos recordar y memorizar lo que nos hizo mal como sociedad Argentina, para no repetirlo”

La muestra estará abierta a la comunidad, a partir de mañana a las 18.30 horas, en instalaciones del Ceptur. Mientras que la proyección del documental “Un claro día de justicia”, se realizará el 24, 25, 26 y 27 a partir de las 19 horas, con entreda libre y gratuita.

Responsabilidad de los Gobernantes para fomentar la participación de los ciudadanos para vivir en un estado de derecho y bienestar 

24 de marzo Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

Andrea Romero Consejera P.J. Provincial

Han transcurrido 34 años de aquel suceso macabro que vivieron miles de compatriotas, si bien no fue el único Golpe militar que irrumpió un gobierno Constitucional, este último se caracterizo por ser uno de los mas sangrientos, como resultado, desaparecieron mas de treinta mil personas, muchos de ellos compañeros militantes, quienes fueron torturados, violados y ejecutados; a partir de ese momento nuestro país comienza a sufrir la mas importante crisis económicas debido al plan implementado por quienes llevaron adelante la llamada reorganización nacional.

 

24 de Marzo de 1976, En esta fecha encontramos una “nueva oportunidad para reflexionar” acerca de lo ocurrido en aquellos años

"Fue cuando estaban los militares y no había Presidente"

María Carla Martínez

El 24 de marzo de 1976 a la 01.00hs Las Fuerzas Armadas dan comienzo a la etapa más oscura que el país ha atravesado a lo largo de casi 200 años. El proceso de reorganización nacional comienza con la destitución de la Presidente Isabel Martínez de Perón, quedando bajo arresto y custodia de una junta militar liderada por las tres fuerzas militares. Así mismo se establece que la Constitución Nacional queda abolida, la pena de muerte es lícita, los secuestros están permitidos, entre otras cosas.

24 DE MARZO DE 1976 – 24 DE MARZO DE 2010

34° aniversario del golpe de Estado

ASOCIACION DEL PERSONAL DEL INSTITUTO Nacional DE TEGNOLOGIA AGROPECUARIA - Adherida a la C.G.T. - Personería Gremial N° 1191 – Seccional: Trelew, Ruta 25 Km.1480

“En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. (Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977)

Como lúcidamente lo expresó Rodolfo Walsh en su carta a la Junta militar en el primer aniversario del golpe, la política económica del gobierno de Martínez de Hoz (que tenía a Videla como presidente) fue no solo el motivo de la represión desatada sino que sus medidas significaron una brutal concentración de poder en manos de grupos económicos concentrados y una realidad de injusticia y miseria para millones de argentinos.

La oposición y sus bases


¡¡¡NUNCA MÁS UN GOLPE OLIGÁRQUICO: JUICIO Y CASTIGO A MARTÍNEZ DE HOZ!!!

Comunicado del Partido Patria y Pueblo

En un día como el de hoy, treinta y cuatro años atrás, el núcleo más duro del capital concentrado asumió el control de la Argentina. Para ello, utilizó a las Fuerzas Armadas y también a la mayor parte de los partidos políticos.

Falso era el argumento de defender al gobierno de la "agresión subversiva", que estaba derrotada mucho antes del 24 de marzo de 1976. Ya a fines de 1975 los grupos armados habían quedado aislados de la masa de la población, y en esas condiciones no había modo de que llegaran al poder. Esto no lo ignoraban quienes dieron el golpe de Estado... ¡para derrocar al gobierno que se decía defender, cuando faltaban pocos meses para las elecciones generales!

 

Municipalidad de General Pueyrredon

Dirección General de Promoción de Igualdad y Prevención de Discriminación

Día Nacional de la memoria por la Verdad y la Justicia

24 de marzo de 1976

GOLPE DE ESTADO

El 24 de marzo de 1976 Comenzó el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional". El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado.

Ninguna persona que quiera vivir en democracia y gozar del ejercicio de sus derechos, puede olvidar  que en esta fecha se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país.

Recordar nuestra historia, homenajear a quienes hoy físicamente ya no nos acompañan y perseguir la búsqueda de verdad y de justicia es, sin duda, una forma de reparación social y de reconstrucción de ciudadanía.

Dirección General de Promoción de la Igualdad y Prevención de la Discriminación / Hipólito Irigoyen 1627- Hall Central -  ala izquierda -  Tel. 499-7869 –

igualdadi@mardelplata.gov.ar - www.mardelplata.gov.ar/igualdad

Los desaparecidos

Debido a la naturaleza, una desaparición encubre la identidad de su autor. Si no hay preso, ni cadáver, ni víctima, entonces nadie presumiblemente es acusado de nada. (Amnistía Internacional, en su informe sobre la desaparición de personas por motivos políticos).
Hubo miles de desaparecidos: la Conadep constató más de 9.000 casos. Los organismos de derechos humanos hablan de más de 30.000.

Apropiación de chicos

Además del secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Los niños robados o que las madres parían en los centros de detención fueron inscriptos como hijos propios por muchos miembros de la represión, vendidos o abandonados en institutos.
Durante la dictadura, los militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los hacían desaparecer y los entregaban a familias de militares. Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria o que se trasmitía a través del vínculo familiar. De la misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos chicos, eran considerados subversivos. (Diario "Página 12", 10 de diciembre de 1995)

La noche de los lápices (16/9/76)

La operación conocida como la “Noche de los lápices”, que se desarrolló entre agosto y octubre de 1976, implicó el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, que habían luchado en defensa de un boleto estudiantil.


 


Bombardeo de Plaza de Mayo, 16 de junio de 1955


Junta de Comandantes: Massera, Videla, Agosti.

El primer día la Junta Militar dictó 31 comunicados. El comunicado Nº 1 dice:

Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.

Foto de Graciela Alberti, detenida-desaparecida, tomada por Víctor Melchor Basterra mientras se encontraba detenida en la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA). La foto es de dominio público y fue entregada por el autor a la justicia.


Dictadura Militar - Nunca más

a

Una de las consecuencias más características del PRN fue la concentración de capital, la cual se estimuló a través de la estatización de la deuda privada, la implementación de las leyes de promoción industrial y la política de compras del Estado.
Los resultados de estas políticas fueron:

o Aumento de la especulación en detrimento de la produccióna
o Desindustrialización
o Deuda externa
o Concentración económica
o Institucionalización de la inflación
o Caída del salario real
o Deterioro de los servicios públicos
o Incremento en los niveles de pobreza

Dictadura militar Argentina
(1976-1983)

 

Carta Abierta a la Junta Militar

Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977

La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años.

El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.

El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes contin uaron y agravaron.

Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo.

Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivtas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina.

Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror.

Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio.

Más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno secuestrados.

De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda un ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras.

La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas.

Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido.

La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga.

Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras.

Setenta fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la Masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos.

Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia,incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de cuenta-cadáveres que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam.

El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y sólo 10 ó 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. Esta impresión es confirmada por un muestreo periodístico de circulación clandestina que revela que entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en 40 acciones reales, las fuerzas legales tuvieron 23 muertos y 40 heridos, y la guerrilla 63 muertos.

Más de cien procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato oficial tampoco está destinado a que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y Ios partidos de que aún los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de que disponen los Comandantes de Cuerpo según la marcha de los combates, la conveniencia didáctica o el humor del momento.

Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros cincuenta prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor.

El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con otros siete prisioneros en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que manda el general Suárez Masson, revela que estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las 3 Armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno.

Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas.

Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles según su autopsia.

Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el Lago San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escribió a los diarios que no la publicaron.

Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San Telmo el 4 de julio, diez en el Río Luján el 9 de octubre, sirven de marco a las masacres del 20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora.

En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A de López Rega, capaces dc atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea 7, sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti. Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte.

La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats, durante el anterior gobierno, con el secuestro y muerte del general Juan José Torres, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruíz y decenas de asilados en quienes se ha querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Boliva y Uruguay.

La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por oficiales becados de la CIA a través de la AID, como los comisarios Juan Gattei y Antonio Gettor, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mr. Gardener Hathaway, Station Chief de la CIA en Argentina, es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezcan el papel de esa agencia y de altos jefes del Ejército, encabezados por el general Menéndez, en la creación de la Logia Libertadores de América, que reemplazó a las 3 A hasta que su papel global fue asumido por esa Junta en nombre de las 3 Armas.

Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el asesinato del capitán Horacio Gándara, quien desde hace una década investigaba los negociados de altos jefes de la Marina, o del periodista de Prensa Libre Horacio Novillo apuñalado y calcinado, después que ese diario denunció las conexiones del ministro Martínez de Hoz con monopolios internacionales.

A la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes: "La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal".

Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.

En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar11, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales.

Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisioncs internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%12 prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.13

Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la racionalización.

Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de diez millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subtérráneas, millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes sólo pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo , el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales, y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe.

Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar el país, han sido ustedes más afortutunados. Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia.

Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. Mil ochocientos millones de dólares que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestados para Seguridad y Defensa en 1977, cuatro mil nuevas plazas de agentes en la Policía Federal, doce mil en la provincia de Buenos Aires con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela, mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%, prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar.

Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete.

Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos.14
El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos.

Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso, rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideologia que amenaza al ser nacional.

Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados no pretendiera que esa Junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir a los señores Comandantes en Jefe de las 3 Armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán dcsaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.

Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.

Rodolfo Walsh. - C.I. 2845022
Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.

Original

COLOQUIO: "La política de desapariciones forzadas de personas" París, 31 de enero - 1o. de febrero de 1981

EL CASO ARGENTINO: DESAPARICIONES FORZADAS COMO INSTRUMENTO BÁSICO Y GENERALIZADO DE UNA POLÍTICA.
La doctrina del paralelismo global. Su concepción y aplicación. Necesidad de su denuncia y condena. Conclusiones y recomendaciones.

d) La posibilidad de aplicar del modo más extendido las facultades emergentes del estado de sitio, incluyendo la suspensión del ejercicio del derecho de opción. Esta interpretación ha sido aceptada de manera irrestricta por el Poder Judicial.

(...)

Entre las normas que conforman esta trama legislativa, cabe citar las llamadas leyes: 21.254; 21.268; 21.271; 21.259; 21.323; 21.325; 21.322; 21.272; 21.338; 21.264 y 22.285.2

La reseña precedente permite concluir, sin vacilaciones, que la suma de poderes otorgados al gobierno militar y al aparato de las Fuerzas Armadas, a partir de marzo de 1976, por vía de las normas sancionadas al efecto y por la interpretación complaciente, con muy escasas excepciones, del Poder Judicial, son prácticamente ilimitados y configuran un marco que registra pocos antecedentes similares. Su sola aplicación parecería más que suficiente para combatir los núcleos terroristas subsistentes a esa fecha.

El general de división, Santiago Omar Riveros, que en su condición de Comandante de Institutos Militares y por lo tanto jefe de la región de Campo de Mayo dirigiera en el período 1976/79 gran parte de la acción represiva (además de integrar la cúpula del generalato que decidiera la política adoptada en septiembre de 1975), dijo en su discurso de despedida de la Junta Interamericana de Defensa, en Washington DC, el 12 de febrero de 1980, lo siguiente: “Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores; nunca necesitamos, como se nos acusa, de organismos paramilitares... Esta guerra la condujeron los generales, los almirantes y los brigadieres de cada fuerza... La guerra fue conducida por la Junta Militar de mi país, a través de los Estados Mayores”.

El texto del precedente discurso fue distribuido en Buenos Aires y por lo tanto ratificado por el Comando en Jefe del Ejército el 27 de febrero de 1980 y publicado casi íntegramente por el diario “La Prensa” en su edición del día siguiente.

(...)

El general de división Tomás Sánchez de Bustamante, que aunque retirado posee influencia dentro de su Arma, en unas declaraciones al diario “La Capital” de Rosario, reproducidas en “La Nación” de Buenos Aires el 14 de febrero de 1980, expresa lo siguiente:

“En este tipo de lucha (antisubversiva), el secreto que debe envolver las operaciones hace que no deba divulgarse a quien se ha capturado y a quien se debe capturar; debe existir una nube de silencio que rodee todo y esto no es compatible con la libertad de prensa. El estilo de la justicia ordinaria tampoco es compatible con la celeridad y gravedad con que deben ser juzgados estos casos. Las situaciones de emergencia son propias de la ley marcial y del gobierno a través de los mandos”.

(...)

Por su parte, el general de división Leopoldo Fortunato Galtieri, en su carácter de Comandante en Jefe del Ejército ha dicho, refiriéndose al mismo tema: “Es una página de la historia (la lucha antisubversiva) que para alcanzar el premio de la gloria debió franquear zonas de lodo y oscuridad” (“Clarín”, 30/5/80). Y en otra ocasión: “Desde el sitial del vencedor hoy volvemos a hacer oír nuestra voz y nuestro pensamiento en respuesta a aquellos que desde la posición del vencido innoble pretenden constituirse en fiscales acusadores... no podemos explicar lo inexplicable, no podemos dar razón de lo irracional, no podemos justificar lo absurdo” (“Clarín”, 23/6/80).

(...)

El teniente general Jorge Rafael Videla, Comandante en Jefe del Ejército desde mediados de 1975, cuando se dictó la legislación secreta aludida y Presidente de hecho de la República a partir del 29 de marzo de 1976, ha sido igualmente explícito: “No reconocemos culpas bajo ninguna circunstancia, porque si hubo necesidad de matar, nunca fue por matar en sí, sino porque uno tenía necesidad de matar para defender ciertos valores” (“The Times” de Londres, 2/6/80).

En esta cita cabe subrayar que el general Videla no califica la forma de las muertes producidas ni las condiciones en que tuvieron lugar, involucrando por lo tanto las ejecuciones secretas.

(...)

Por último, el general de brigada Ramón J. A. Camps, Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1979 y activo protagonista, teórico y práctico de la represión, ha proporcionado recientemente algunos detalles de interés, que confirman lo antedicho, en un artículo publicado en “La Prensa” de Buenos Aires el 4 de enero de 1981.

Dice allí Camps: “En 1957 se iniciaron en el Ejército Argentino los estudios sobre ‘guerra revolucionaria comunista’ en forma organizada... Para ello se contó con el asesoramiento de dos jefes del ejército francés, los tenientes coroneles Patricio J. L. de Naurois y Francois Pierre Badie... Todos ellos (los oficiales argentinos) trabajaron basándose en la doctrina francesa, aplicada en Indochina y en aplicación en ese momento en Argelia... Esa forma de actuar fue mantenida en general hasta el año 1975, para ser más preciso hasta el momento en que se inició el ‘operativo Independencia’ y su ampliación conocida como ‘el pasaje a la ofensiva’ que respondió a una resolución adaptada en septiembre de ese mismo año por el comandante en jefe del Ejército (Videla) y que pudo tener plena vigencia a partir del 24 de marzo de 1976. Allí se inició la fase final de la derrota de la subversión armada en la República Argentina... En la Argentina recibimos primero la influencia francesa y luego la norteamericana, aplicando cada una por separado y luego juntas, tomando conceptos de ambas... El enfoque francés era más correcto que el norteamericano; aquél apuntaba a la concepción global y éste al hecho militar exclusivamente o casi exclusivamente... Todo esto hasta que llegó el momento en que asumimos nuestra mayoría de edad y aplicamos nuestra propia doctrina, que en definitiva permitió lograr la victoria argentina contra la subversión armada” (“Apogeo y declinación de la guerrilla en la Argentina”, segunda sección, pág. 2).

(...)

Tal opción, que incluía, reiteramos, cono elemento básico la técnica de la desaparición, constituyó la doctrina propia, a que aluden los generales Riveros y Camps, sin mencionar su contenido, en las manifestaciones transcriptas. Por eso es correcto afirmar que el sistema de la desaparición de personas, en la forma en que ha sido descripto en diferentes ocasiones y foros, constituye un “invento argentino”. Con otro descubrimiento anterior, la “picana eléctrica”, es el máximo aporte a la historia de la crueldad humana que no honra, por cierto, al país o, por lo menos, a sus Fuerzas Armadas.

(...)

Después de marzo de 1976 sólo dos diarios mantuvieron independencia de criterio. El primero de ellos, el “Buenos Aires Herald”, publicado en inglés, dio amplio apoyo al régimen militar pero criticó los procedimientos violatorios de los derechos humanos. Como es sabido, su director, Robert Cox, fue amenazado reiteradamente y obligado a salir del país. El segundo, “La Opinión”, fue inicialmente sancionado. Luego sobrevino la detención sin proceso de su director, Jacobo Timerman, quien finalmente fue liberado, pero privado de la ciudadanía argentina y expulsado. Sus bienes, incluyendo el diario y los talleres donde se imprimía, han sido confiscados.

(...)

Dentro de este orden de ideas cabe señalar dos hechos que ejemplifican la actitud del gobierno. En vísperas de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a mediados de 1979, ningún diario aceptó la publicación, paga, de una solicitada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con la lista de casi seis mil detenidos-desaparecidos de los cuales obraba documentación en sus archivos. Cuando se quiso imprimir un folleto con esa nómina, el Poder Ejecutivo mediante un decreto firmado por el Presidente Videla y el ministro Harguindeguy confiscó la edición. Simultáneamente mediante una orden judicial se allanaban las sedes de las tres organizaciones defensoras de los derechos humanos y se retiraba de la Asamblea Permanente su archivo, que aún permanece sin ser devuelto, pese a la inconsistencia de las razones aducidas. Producido el Informe de la CIDH el 11 de abril de 1980, por sugerencia oficial, ningún diario ni revista publicó su contenido, excepto las conclusiones, enviadas por las autoridades, pero seguidas de largas páginas incluyendo la respuesta gubernativa. Hasta el momento de la realización de este Coloquio, ningún taller ha aceptado imprimir el Informe. Solamente circulan algunas miles de copias, reproducidas precariamente, que nada significan para un país de veintisiete millones de habitantes con una tasa alta de alfabetismo.

(...)

Los métodos de tortura son diversos, pero en general se repiten inexorablemente.

Van desde las amenazas verbales, los golpes y patadas, a la cuasi asfixia por inmersión de la cabeza en el agua (submarino) el pasar los pies de un recipiente con agua hirviendo a otro con el mismo líquido frío; posiciones forzadas durante largas horas; escuchar los gritos de otros torturados o presenciar las mismas escenas de familiares; fracturas de huesos, etc., Pero el procedimiento más común es el del shock eléctrico en diversas partes del cuerpo, particularmente las más sensibles (órganos genitales, axilas, encías, senos). Es la “picana” o “la máquina”, en la jerga habitual. Con ese fin todos los centros operativos están dotados del instrumental necesario. Su empleo, antes de los interrogatorios, cumple una función de ablandamiento. Se reiteran cuando se les formulan preguntas, a veces hasta el desvanecimiento o la muerte. Cuando se quiere preservar la vida del detenido, para futuras investigaciones o por otras causas, se le advierte sobre la manera de evitar consecuencias mortales no ingiriendo líquido durante varias horas o se hace intervenir un médico o alguien que oficie de tal. A veces es otro prisionero. Ni la edad ni el sexo son circunstancias que limiten la tortura. No hay discriminación.

(...)

Durante 1976 y la casi totalidad de 1977 no se hizo conocer ninguna actuación o decisión de los tribunales militares en cuestiones vinculadas con la subversión. En cambio en varias provincias tomaron intervención, con gran publicidad, en casos de corrupción administrativa. La única excepción ocurrió en la zona de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, bajo el mando militar del entonces coronel Amado Corbetta. Se conocieron en esa ciudad dos procesos militares con imposición de penas severas. Corbetta fue designado Jefe de Policía a mediados de 1976 pero debió renunciar forzado por las presiones, luego de pronunciar un discurso de tono legalista y de enfrentar un atentado terrorista en el Departamento de Policía que dio lugar a inusitadas represalias.

(...)

En muchos cementerios del Gran Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Mar del Plata existen grandes extensiones con fosas comunes o tumbas denominadas N.N. Según manifestaciones de las administraciones de dichas necrópolis, casi diariamente agentes de las Fuerzas Armadas trasladaban y sepultaban cuerpos, sin permitir la presencia de empleados administrativos. En algunos casos constan las inhumaciones en los registros, sin los nombres, los cuales figuran aparentemente, en las oficinas castrenses. Hay constancias igualmente de incineraciones, en particular en Campo de Mayo y de inhumaciones en campo abierto. Los ríos y lagunas, particularmente en Córdoba y en el Delta del Paraná, son también recipiendarios de numerosos cuerpos, hundidos con piedras. Algunos fueron encontrados en la ribera sur del río de La Plata. Finalmente son conocidos los hallazgos de cadáveres con las manos cortadas en Colonia, Uruguay y en la costa atlántica, particularmente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1977, 1978 y 1979. Por lo que se sabe, la Armada utilizó sistemáticamente el método de arrojar a los prisioneros anestesiados o ya muertos sobre el océano Atlántico, mediante aviones. Se aprovechaban para ello corrientes marinas que se dirigen hacia el Indico. Es la denominada “solución naval” o “pentonaval”.

(...)

Otro aspecto incluido en la llamada doctrina de guerra ha sido la autorización para el apoderamiento del denominado “botín de guerra”. El principio racionalizador de esta iniciativa surge, presumiblemente, como en otros ámbitos, de asimilar acción represiva con acción bélica. Se procedería entonces a confiscar los bienes del enemigo, sea este subversivo o político sin excluir el despojo por las dudas de los simples sospechosos. En la mayoría de los operativos de detención de personas sobre todo en 1976 y 1977, se procedió a la apropiación o sustracción de parte de los objetos de algún valor existente en los domicilios, los automotores, dinero en efectivo y hasta muebles. Existen datos de la enajenación o transferencia de bienes inmuebles cuyos boletos de compraventa se encontraban en las casas allanadas, cuando todos los moradores eran detenidos.

A los fines prácticos, el botín, acompañado de depredaciones, presenta ventajas adicionales: acentúa el clima de terror, contribuyendo a disuadir a las víctimas de denuncias posteriores; permite castigar en forma inmediata a la familia que generó en su seno al “irrecuperable”; proporciona al personal interviniente una gratificación económica difícil de obtener por otra vía; e incentiva la dedicación sin límites de horario que este tipo de procedimientos exige. El problema del destino de los bienes, las características y la generalización de los hechos y su divulgación pública, aunque reducida, dio lugar a rectificaciones parciales. En 1978, 1979 y 1980, aunque el sistema subsiste, está limitado y en diversos casos el personal participante dejó constancia que no incurría en sustracciones.

En muchas situaciones resulta clara la apropiación individual de objetos de valor y de dinero, tolerada visiblemente por los oficiales a cargo del operativo.

(...)

Finalmente ha sido común la desaparición de niños de pocos meses junto con sus padres. Este hecho, sumado a la carencia de información acerca del destino de los nacidos durante el cautiverio clandestino de sus madres detenidas en estado avanzado de embarazo, se funda también en una concepción de la denominada doctrina de guerra, expuesta en privado por oficiales superiores. Además de una sanción a las familias, se busca impedir que los hijos de los detenidos-desaparecidos se eduquen con “odio a las instituciones armadas”. Se piensa que la pérdida de su identidad, dándolos en adopción a familias con ideas afines a las de la clase militar gobernante, rectificará la errónea formación proporcionada por los abuelos de las criaturas a sus hijos “subversivos”.

Lo inédito de esta decisión y al mismo tiempo su crueldad, pone de manifiesto el detalle con que se analizó la denominada doctrina de guerra y su inserción en una ideología de fondo, que no es el momento de analizar aquí.

(...)

Con muy escasos o tímidos intentos destinados a tratar de controlar al poder político, el Poder Judicial en su conjunto desistió de cualquier aspiración de obtener una regularización o legalización de la acción represiva. Dentro de este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha jugado un papel clave. En tres fallos sucesivos iniciados por familiares de detenidos-desaparecidos, declaró su incompetencia, clausurando así toda posibilidad de que los jueces inferiores recobraran su facultad de ejercer su jurisdicción efectiva a través de los recursos de Hábeas Corpus, que suman muchos miles y que resultaron fracasados en todas las instancias.

La Corte Suprema actuó de esa manera no obstante admitir, en dos de esas sentencias, la impotencia de la Justicia y requerir la colaboración del Poder Ejecutivo para llevar adelante las investigaciones y hacer efectivo el derecho. El Poder Ejecutivo respondió sin aludir al tema pero señalando que a la Justicia le competía sólo dar consejos.

Posteriormente el general Vaquero, en el discurso transcripto en el numeral 4 de esta presentación, ha sido más terminante, afirmando que “no se admite ni se admitirá ningún tipo de revisión ni de investigación por parte de nadie, ni ahora ni en el futuro, en lo que respecta a las acciones contra el terrorismo” (“Clarín”, 18/10/80).

(...)

Cabe concluir que el más Alto Tribunal del país ha aceptado concientemente la doctrina del paralelismo global y sus consecuencias respecto a la privación de justicia para miles de ciudadanos y sus efectos respecto a la vida, la integridad física, la libertad y los bienes de un sector numeroso de la población.

(...)

En cuanto a la actitud de las Fuerzas Armadas, que ejercen de hecho el gobierno de la Nación, es permanente su insistencia en negar cualquier tipo de información. El teniente general Roberto Eduardo Viola, Jefe del Estado Mayor del Ejército entre 1976 y 1979; Comandante en Jefe después y ahora, en situación de retiro, Presidente de la República designado por la Junta Militar, ha dicho: “Las Fuerzas Armadas no permitirán la revisión de lo actuado en la lucha contra el terrorismo” (“La Nación”, 12/4/80). Y señalando los peligros de esa revisión el general de brigada Ibérico Saint Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires, uno de los teatros más intensos de la represión, sostuvo: “Lo que más conviene a todos los argentinos es echar un cuidadoso manto de silencio sobre el tema de los desaparecidos, por cuanto es muy difícil realizar esclarecimientos que no compliquen las cosas” (“Clarín”, 14/11/80).

(...)

Emilio Fermín Mignone

Presidente

Informe completo del Coloquio

 El Juicio a las juntas militares

Primer día del Juicio a las Juntas (22 de abril de 1985).

Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.

En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.

En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva.

El proceso de reorganización nacional

 

    Ir a Portada habitual de APC

/

 

¡Recomienda esta págna a tus amigos!
Powered by miarroba.com  

 

 

a

 

 

 

 


 

 









 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albatros Prensa Comodoro se edita desde la provincia de Chubut, Patagonia Argentina. Para comunicarse con la redacción enviar correo electrónico a cvrpat@gmail.com o al teléfono celular 00 54 297 154 08 7274. Los artículos y notas publicadas pueden reproducirse por cualquier otro medio y no es necesario citar la fuente: los lectores se darán cuenta de su origen. Prensa Comodoro está en la Red desde 1995 y actualmente posee dominio propio: www.maraustralis.com Tanto Albatros Prensa Comodoro así como Prensa Comodoro, al igual que magazine de maraustralis son marcas registradas. LAS NOTAS FIRMADAS EXPRESAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORES Y NO NECESARIAMENTE COINCIDEN CON LOS DE ESTA EDITORIAL. LAS NOTAS Y ARTÍCULOS NO-FIRMADOS, CORRESPONDEN A REDACTORES DE LA EDITORIAL.