05/03/2010
 

Se trata de un joven electrocutado mientras realizaba tareas de mantenimiento

SE REALIZARÁ EL JUICIO POR LA MUERTE DE UN OPERARIO DE TRANSPA S.A.

 

El 20 de octubre comenzará el juicio en el cual están imputadas tres personas por el “homicidio culposo” de un operario, que resultara muerto tras una descarga eléctrica en la empresa TRANSPA.

 

El caso, por el cual ya fue confirmada la fecha de juicio, sucedió el día 21 de febrero de 2008 a las 11 horas, cuando Héctor Eduardo Cabrera resulto víctima de una potente descarga de energía eléctrica de 30.000 voltios en el momento que realizaba tareas de mantenimiento en una de las celdas eléctricas de la empresa transportadora de energía. Como resultado de las graves lesiones sufridas por la descarga de tensión, Cabrera debió ser trasladado con urgencia a un nosocomio en Capital Federal donde falleció el día 28 de febrero de 2008, una semana después del incidente.

 

A raíz de este hecho, la Fiscalía imputó a Daniel San Restituto, Alejandro Ariel Coggiola y Aldo Francisco Carrizo; por el delito de “homicidio culposo”, ya que eran los responsables de que se cumplan los recaudos de seguridad. Desde el Ministerio Público se afirmó que “los imputados San Restituto, Coggiola y Carrizo, en orden de competencias jerárquicas, eran los responsables de asegurar que la zona en la que se debía trabajar se encontrara con ausencia de tensión y debidamente delimitada mediante elementos de seguridad, además de supervisar el trabajo a desarrollar y en razón de que omitieron cumplir con los mencionados recaudos de seguridad (en violación de los deberes a su cargo) se produjo la descarga de tensión que provocó la muerte de Héctor Eduardo Cabrera”. De encontrarlos culpables, podría caberles una pena que va de seis meses a cinco años de prisión más inhabilitación.  Por su parte, se supo que la Fiscal Marcela Pérez, a cargo de la investigación, ofreció como prueba para comprobar la materialidad del hecho y la autoría y participación de los imputados a 18 testigos y 26 informes documentales. A su vez, la esposa de la victima cuenta como patrocinante, en su calidad de querellante, a Daniel Gómez Lozano.

 

HECHO

Ese día, el supervisor reunió a un grupo de operarios, entre los que se encontraba Eduardo Cabrera; indicando que debían efectuar la limpieza y el mantenimiento de una celda transformadora e informándoles que no había peligro de electrocución por haberse interrumpido la tensión. Pero cuando Cabrera ingresó a la parte alta de la celda a realizar las tareas de mantenimiento y entró en contacto con la barra de tensión, recibió una violentísima descarga eléctrica de 33.000 voltios que le produjo graves quemaduras en el cuerpo. A pesar de ser asistido inmediatamente por sus compañeros de trabajo y llevado en ambulancia a un Sanatorio para ser posteriormente derivado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Buenos Aires, falleció a los pocos días. Cabe recordar que la empresa TRANSPA brinda el servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión por distribución troncal en la región patagónica.

 

EL ROL DE LOS IMPUTADOS

El jefe de zona norte, Lic. Daniel San Restituto, programo el trabajo y designó a los jefes de consigna y jefe de trabajo, pero fue negligente en supervisar el cumplimiento de las medidas adecuadas respecto a la “consigna” de los lugares de trabajo y que los designados cumplieran con sus propios deberes.

Los responsables del trabajo in situ, Ing. Alejandro Coggiola y Aldo Carrizo, no fueron claros al momento de dar las instrucciones al personal ni señalizaron adecuadamente el riesgo eléctrico. Coggiola fue negligente en su accionar y omitió deberes a su cargo tales como asegurar el corte de energía y delimitar la zona protegida, antes de emitir la autorización de trabajo y Carrizo incumplió con todas las obligaciones a su cargo, instruyendo equivocadamente al personal respecto de las tareas a cumplir y retirándose de su lugar de trabajo, sin supervisar personalmente que el grupo de tareas.

 

HOMICIDIO CULPOSO

El delito de “homicidio culposo” está previsto y reprimido por el Art. 84 del Código Penal. Dicho articulo afirma que “será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial de cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD: REUNIÓN ENTRE LA CAMAD Y FISCALES

 

La noche del miércoles, integrantes de la Cámara de Industria, Comercio y Producción de la ciudad (CAMAD) se reunieron con la Fiscal General Miriam Pazos, con el objetivo de coordinar acciones en conjunto.

 

La reunión tuvo lugar en la sede de la Cámara y durante el encuentro, que se extendió por más de una hora, la fiscal respondió a las consultas que se les formularon, produciéndose un interesante intercambio de opiniones referido al tema de la justicia, enfocando entre otros, aspectos vinculados con los menores que delinquen, las “mecheras”, mecanismos alternativos de resolución de conflictos penales y las responsabilidades que les caben a cada uno de los habitantes.

 

En ese sentido, se informó que se está realizando un trabajo constante desde la “Agencia de Respuestas Judiciales Rápidas”, en particular referidos a las mecheras y los hurtos, a la vez que destacó que para fortalecer las gestiones es importante contar con el apoyo de las entidades representativas, lo que motivó la reunión con la Cámara de Comercio. Por su parte la Fiscal informó que “describimos un poco el trabajo de la Fiscalía y las medidas que se desarrollan y las que están previstas en el futuro inmediato” e indicó que “también ratificamos nuestro compromiso de coordinar acciones conjuntas, realizando esta primera reunión con los integrantes de la Cámara de Comercio en representación de los comerciantes preocupados por los problemas de seguridad”. Asimismo se aclaró que “las tareas preventivas corresponden a la policía, ya que la Fiscalía interviene una vez cometido el delito. Aunque desde la parte penal corresponde dictar las sentencias, para evitar el famoso “entran por una puerta y salen por la otra”. Al finalizar el encuentro, la Fiscal Miriam Pazos destacó que “se va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en manos de los fiscales”.

 

Cabe señalar que próximamente se tiene previsto llevar adelante distintas campañas dirigidas a la población, una de ellas destinada a evitar que se compren artículos que se sospechan provienen de hurtos o robos, porque esas compras incentivan el delito y una charla sobre detección de billetes falsos.

 

 
 
     

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